En Chile, así como en otros países de Latinoamérica que estuvieron marcados por dictaduras militares durante la segunda mitad del siglo XX, los procesos de recuperación y construcción de las memorias se han materializado en la visibilización de los espacios de detención, secuestro, violencia sexual y tortura política. Esta tendencia surge no solo de la necesidad de justicia y reparación, sino del hecho que una buena parte de estos lugares pertenecieron y pertenecen aún a instituciones públicas, como es el caso de los recintos militares y policiales. Lo anterior fortalece una perpetuación de la impunidad, ya que muchos de estos recintos continúan con su funcionamiento institucional y tantos otros fueron destruidos como una práctica de silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante las dictaduras, un ejemplo de ello es el ex Regimiento Militar Puente Alto.
El escenario actual está marcado por las estrategias de silenciamiento y ocultamiento desplegadas por el Estado chileno y la ausencia de un marco legal que proteja de facto los espacios represivos de la dictadura cívico-militar (1973-1989) como sitios de memoria. Ante esto, han sido las organizaciones sociales, comunitarias y territoriales las que han levantado proyectos, generalmente autónomos y autogestionados que buscan la visibilización de estos espacios, su protección ante los procesos destructivos y su instalación como lugares de memorias a disposición de la comunidad (Goñi et al., 2016; Seguel, 2018).
Es en este escenario que se conforma la Asociación Memorias en Resistencia Provincia Cordillera (MRPC) a inicios de 2018, bajo la misión de trabajar en la recuperación de las memorias históricas de la provincia Cordillera (Puente Alto, Pirque y San José de Maipo), a partir de la investigación y reconstrucción de historias y experiencias ocurridas previo, durante y posterior al periodo de dictadura cívico-militar. La organización fue conformada por vecinos y vecinas de la comuna de Puente Alto. Uno de los primeros trabajos de la organización se centró en la postulación del ex Regimiento Militar de Puente Alto como Monumento Histórico en calidad de Sitio de Memoria reconocido por el Estado de Chile a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (proceso que a la fecha de elaboración de este artículo continúa en revisión por parte del Consejo de Monumentos Nacionales). Bajo ese marco, las actividades de la organización giraron en torno a la reconstrucción de experiencias de detención, tortura y desaparición vinculadas al Regimiento Militar, a la divulgación de lo sucedido en el lugar a partir de señalizaciones (Figura 1) y la difusión en juntas de vecinos, colegios, clubes deportivos, medios de comunicación locales, como radios y diarios, redes sociales en general, entre otros.

El presente artículo da cuenta de los resultados obtenidos en el trabajo de reconstrucción histórica y prospección arqueológica realizada por integrantes de la organización, con apoyo de profesionales de otras áreas en el marco de la construcción de un expediente técnico para la solicitud de declaratoria del Regimiento como sitio de memoria. Se entiende además dicho trabajo como parte de un proceso de recuperación material y simbólica de las memorias colectivas asociadas a este espacio.
Posterior al golpe de Estado de 1973, la dictadura cívico-militar desplegó una serie de dispositivos represivos. Uno de los principales fue la prisión política, asociada a la tortura, el asesinato y la desaparición de personas. Para esto, se estableció una compleja red de más de 1.132 Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT) a lo largo de todo el país (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2005).
Estos se instalaron en casas particulares o casas de fundos, clínicas, edificios públicos y civiles, universidades, liceos y colegios, hospitales, estaciones de bomberos, estaciones de trenes y edificios de administración pública (Santos Herceg, 2016). Además de lo anterior, variadas instalaciones de las fuerzas armadas fueron utilizadas como centros de detención de civiles (Santos Herceg, 2016).
El establecimiento y la operación de estos Centros de Detención y Tortura fue negado y silenciado por el régimen dictatorial otorgándoles un carácter de clandestinidad y de no lugar (Zarankin y Niro, 2006), dado que oficialmente no existen. Esta clandestinidad otorga a los Centros de Detención la ventaja de la invisibilidad e impunidad, transformando a las personas detenidas en desaparecidas, ya que no están en ningún lugar (Marín Suarez, 2014). Sin embargo, a pesar de la negación de la existencia de estos espacios, su funcionamiento no pasaba realmente desapercibido para quienes habitaban y transitaban cerca de ellos. Como anteriormente se mencionó, en Chile la mayoría de los Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT) se instalaron mediante la reconfiguración de lugares ya existentes, los cuales fueron refaccionados o habilitados para su funcionamiento como espacio de reclusión, interrogación y tortura (Santos Herceg, 2016). Producto de lo anterior, los CCDyT se ubicaron en barrios y centros altamente poblados (Marín Suarez, 2014). Esta co-habitación de los CCDyT con la población sirvió al régimen dictatorial para ejercer el poder coercitivo de normalización social (Marín Suarez, 2014), disciplinando incluso a quienes no eran detenidos (Jemio, 2020). A través de esto, el poder insinúa a la sociedad lo que puede hacer con los cuerpos, entregando una advertencia a quienes resisten (Jemio, 2020). Lo anterior hace que sea mucho más complejo deconstruir el discurso del poder y dar cuenta de sus dispositivos (González Ruibal, 2020). Esta estrategia de control se caracteriza por una dualidad de su exposición, la exhibición de los operativos y la muestra del poder y horror represivo, por un lado, y el accionar clandestino, secreto y oculto de los organismos de inteligencia por el otro (Marín Suarez, 2014). Una verdad a la vista que es negada, algo visible que no puede ser visto, un grito que no puede ser escuchado. Mediante la instalación de los CDDyT en espacios residenciales se establece un dispositivo de control territorial, de lo público y lo privado.
El carácter clandestino de los Centros de Detención y Tortura durante la dictadura cívico-militar sirvió a la vez para perpetuar la impunidad posterior a la caída del régimen. La negación de la existencia de estos espacios y el hecho de que se trataba de lugares reconfigurados de su propósito inicial, sirvieron como base para una política de ocultamiento establecida por el Estado chileno durante la dictadura cívico- militar, fortalecida por los gobiernos de transición posteriores a la llamada vuelta a la democracia (Santos Herceg, 2016).
La transición trajo consigo una política de los acuerdos y consensos, y “el consenso es la etapa superior del olvido” (Moulian, 1997, p. 37). El discurso del consenso ha servido de base a las estrategias de blanqueo y la construcción de la imagen del Chile Modelo, que los gobiernos de la Concertación buscaron proyectar posterior al fin de la dictadura cívico-militar (Moulian, 1997). Al respecto, la autora Nelly Richard menciona: “La transición chilena, suprimió de su repertorio de significados convenidos el recuerdo inconveniente de lo que precedía y excedía el consenso político-institucional para no entorpecer la regulación de los vínculos prediseñados entre memoria, violencia y democracia” (Richard, 2017, p. 15). Producto de lo anterior, se instaló una política de gobierno tácitamente convenida en la que desaparecieron la mayoría de estos espacios luego de la dictadura.
Santos Herceg (2016) plantea que se pueden distinguir tres tipos de desaparición, las cuales pueden o no combinarse. En el caso de los CCDyT de la dictadura cívico- militar, el Estado chileno desplegó estas estrategias de manera sistemática. Por un lado, la desaparición ontológica es aquella que produce la desaparición física del inmueble. Se materializó en la destrucción de los espacios que funcionaron como CCDyT y se realizó de forma activa mediante el desmantelamiento o demolición de las edificaciones y de forma pasiva por medio del abandono. Por otra parte, la desaparición sensorial da como resultado que estos espacios salgan del ámbito de la percepción, existen físicamente, pero no son percibidos como CCDyT. Para esto, se desplegaron tres estrategias. La transformación se realizó convirtiendo al inmueble, sin necesariamente modificar su estructura, apuntó a un cambio de su sentido, propósito y uso. El retroconvertir buscó que el espacio volviera a su propósito previo al funcionamiento del CCDyT. Mientras que el (re)construir apuntó a levantar nuevas edificaciones sobre el inmueble previamente demolido (Santos Herceg, 2016). Finalmente, la desaparición epistemológica hace referencia a que el inmueble sale del ámbito del saber, no se conoce que alguna vez existió el CCDyT. Para esto se utilizó el ocultamiento, materializado en dos elementos: el esconder, asociado a las estrategias desplegadas por los organismos de inteligencia para ocultar sus operaciones durante el funcionamiento de los CCDyT; y el silenciar, como acción consciente que se basó en negar lo ocurrido y en callar a quienes fueron testigos (Santos Herceg, 2016).
En línea con lo anterior, González Ruibal (2020) menciona la idea de una “desaparición de la desaparición” para hacer referencia a los procesos de ocultamiento y destrucción de restos materiales de los dispositivos represivos que tuvieron como consecuencia la desaparición de personas. El autor menciona que aquí radica la posibilidad de contribución de la arqueología al estudio de estos contextos. Las herramientas metodológicas desarrolladas por la disciplina permiten poner en evidencia estas estrategias de desaparición de la desaparición, entendiendo que la mera destrucción de las pruebas es un elemento incriminador (González Ruibal, 2020).
En el presente trabajo nos enfocamos en el caso del Centro de Detención, Tortura y Desaparición Regimiento Puente Alto, ubicado en la comuna de Puente Alto, Provincia Cordillera, Región Metropolitana, Chile (Figura 2).
Este espacio, al igual que la gran mayoría de los CCDyT en Chile, fue parte de las políticas de silenciamiento y destrucción por parte del Estado. El Regimiento fue un espacio reacondicionado para la reclusión de prisioneros políticos que funcionó de manera clandestina, al mismo tiempo que cumplía funciones de corte estratégico, administrativo y territorial asociado a sus funciones militares (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996; Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2005; Contreras, 2000). Su funcionamiento ha sido sistemáticamente silenciado y negado a pesar de ser denunciado en los informes oficiales elaborados por el Estado, produciéndose un proceso de blanqueamiento y destrucción posterior al fin de su funcionamiento como CCDyT.
El concepto de arqueología de la desaparición parte de la idea de que la desaparición física de seres humanos y la aniquilación de subjetividades llevadas a cabo en contextos de violencia política durante los siglos XX y XXI son parte de un sistema de eliminación más amplio (González Ruibal, 2020). Frente a esto, las herramientas metodológicas y teóricas de la arqueología permiten hacer frente a esta economía de la desaparición, al estudiar los restos y evidencias de estos procesos. Se proponen tres elementos posibles de abordar desde esta mirada arqueológica: la tecnología de la desaparición, el contexto material de la desaparición y lo que se denomina la “desaparición de la desaparición”, entendida como las prácticas de desmantelamiento, destrucción y borrado de los espacios de detención, tortura y muerte (González Ruibal, 2020).
En el caso de Latinoamérica, esta búsqueda por develar la historia y dispositivos de los procesos represivos asociados a dictaduras militares que ocurrieron en la región principalmente entre los años 1960 y 1990 ha sido denominado Arqueología de los desaparecidos (Bellelli y Tobin, 1985), Arqueología de la represión (Funari y Zarankin, 2006), Arqueologías de la clandestinidad (Salerno, Zarankin y Perosino, 2012), Arqueología de la dictadura (Fuenzalida, 2017), Arqueología de la violencia política (Arenas et al., 2005; Cáceres y Núñez 2012) entre otros. Fueron pioneros los trabajos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desde 1984 en Argentina (Salerno, Zarankin y Perosino, 2012; Zarankin y Salerno, 2008), y por el GAF (Grupo Chileno de Antropología Forense) y la labor de Olaff Olmos en Chile, interviniendo en pericias judiciales una vez finalizado el periodo dictatorial (Cáceres, 2011; Fuenzalida, 2017).
Los trabajos enfocados en los centros de detención comenzaron casi 15 años después, entre el 2000 y 2002 también en Argentina, donde destaca el trabajo realizado en el Centro Clandestino de Detención Club Atlético en el año 2002 (Diana et al., 2008; Weissel, 2002; Zarankin y Salerno, 2008). A partir de esto, numerosos estudios fueron llevados a cabo por distintos equipos en el país, entre lo que se encuentran aquellos realizados en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el Olimpo, Mansión Seré, la Escuelita de Famaillá, entre muchos otros (Cattáneo, 2022; Diana et al., 2008; Di Vruno et al., 2008). En Chile, el estudio de los centros de detención, tortura y exterminio se desarrolla a partir del 2009 con el trabajo realizado en el Estadio Víctor Jara (Fuentes, Sepúlveda y San Francisco, 2009; San Francisco, Fuentes y Sepúlveda, 2010) y posteriormente en el Cuartel Terranova (Fuenzalida, 2011), Chacabuco (Flores, 2011), Londres 38 (Glavic, Marchant y Seguel, 2016; Seguel et al., 2013), ex Cuartel Borgoño (Fuenzalida, 2020) y Nido 20 (Fuenzalida et al., 2020)
En el caso de estudios realizados en recintos militares y de las fuerzas armadas que funcionaron como centros de detención, cabe destacar el aporte de los trabajos realizados en el norte de Argentina, en particular en la provincia de Tucumán, en el Arsenal Miguel de Azcuénaga (Del Bel et al., 2020) y en la base militar de Santa Lucía (Cattaneo, 2022) y el caso del ex CCDyT Los Vagones del Barrio Olímpico en Uruguay (Suárez et al., 2019).
El Regimiento militar se fundó el 15 de mayo de 1906 mediante el Decreto Supremo N° 728 bajo el nombre de “Batallón de Ferrocarrileros” (Instituto Geográfico de Chile, 2011, p. 128), constituyéndose la primera institución militar en la localidad de Puente Alto. Durante el transcurso del siglo XX el Estado chileno mandató la construcción de un ferrocarril que conectó las localidades de Puente Alto y San José de Maipo. El 20 de abril de 1913 el Ministerio de Ferrocarriles dispuso que la explotación de éste quedara a cargo del comandante del Batallón de Ferrocarrileros, convirtiéndolo en el único ferrocarril militar de uso público en Chile (Instituto Geográfico de Chile, 2011; Thomson, 2005). Posterior a esto, el recinto militar tuvo diferentes modificaciones orgánicas, tanto a nivel de jerarquía militar como de denominación y especialización, hasta que finalmente en el año 1968 pasa a llamarse “Regimiento de Ingenieros de Ferrocarriles de Montaña N°7 de Puente Alto” (Instituto Geográfico de Chile, 2011, p. 128), denominación que tuvo previo al golpe de Estado en el año 1973.
El declive del ferrocarril militar (años 1977, 1978 y 1979) coincide con el periodo dictatorial, durante el cual sus vagones fueron utilizados como espacios de detención de prisioneros políticos. El reacondicionamiento de los carros del tren como lugar de reclusión tuvo un valor único a la hora de identificar al recinto militar como un centro de detención, tortura, violencia sexual y exterminio, siendo un elemento recurrentemente mencionado en los testimonios de víctimas. Según lo informado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el cierre del Ferrocarril Cajón del Maipo fue en el año 1979, para luego, definitivamente, cerrarse en el año 1985 (Thomson, 2005).
Durante la dictadura cívico-militar, el Regimiento Puente Alto fue una de las cabezas de lo que se denominó “Comandos de Acción Jurisdiccional de la Situación Interna” (en adelante CAJSI). El rol de los CAJSI consistió en la coordinación de las actividades represivas tras el golpe de Estado a lo largo del país (Garcés, 2016; Seguel, 2022). La definición existente identifica a los CAJSI como “un organismo de coordinación de inteligencia creado para ejercer las funciones jurisdiccionales, asignadas a los comandantes y almirantes operativos a lo largo del país, esta facultad fue delegada por la entonces Junta de Gobierno”1 (Garcés, 2016, p. 174).
Los CAJSI fueron también la máxima autoridad en los territorios designados, por lo que el resto de las unidades militares y policiales (especialmente sus unidades de inteligencia) pasaban a depender o subordinarse a ellos (Seguel, 2020; 2022). El Regimiento Puente Alto, como cabeza de un CAJSI, estuvo a cargo de las comunas de Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Florida. De esta manera, los recintos de detención, prisión y torturas a la fecha conocidos en la Provincia Cordillera fueron de alguna manera supervisados y coordinados por esta autoridad. Se trata de los siguientes sitios: la Cárcel de Puente Alto, la Cárcel de Mujeres, Cárcel de Menores, Comisaría de Carabineros N°20 de Puente Alto, Cuartel de Investigaciones (Puente Alto), Campamento de Prisioneras Políticas (Pirque), Campamento El Salitre en San Juan de Pirque, Subcomisaría de Carabineros San José de Maipo, Casa de Lagunillas en la Comuna de San José de Maipo, el Ferrocarril (Troncal). Además de esto, los CAJSI realizaron labores de inteligencia, interrogaciones bajo tortura y detuvieron y ejecutaron a partir de las determinaciones de los consejos de guerra correspondientes.
En adición, se tiene registro de la existencia de un vínculo directo entre el Regimiento Puente Alto y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). De acuerdo con el relato del conscripto Padilla, los funcionarios de la DINA asistieron al regimiento en la búsqueda de personal apto para su organismo (Blanche, 2015).
La existencia y funcionamiento de un centro de detención, tortura y desaparición en el Regimiento Puente Alto fue constatada en los informes oficiales del Estado: el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1996) (Informe Rettig) y el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (2005) (Informe Valech). En este último se presenta la siguiente reseña:
En este recinto, la mayor cantidad de detenidos se registró entre 1973 y 1974. Los detenidos permanecían por un breve lapso en ese lugar y luego eran trasladados a campos de prisioneros como el Estadio Nacional. De acuerdo con los testimonios recibidos, a los prisioneros los distribuían en vagones de tren impregnados con polvo de yeso. Allí permanecieron vendados, esposados e incomunicados, privados de alimentos y de agua. Durante el día eran encerrados en un corral con malla, a pleno sol. Refirieron haber sufrido golpes, a veces amarrados a una silla; simulacros de fusilamientos, aplicación de electricidad, colgamientos, vejaciones y violaciones sexuales a mujeres, quemaduras con cigarrillos, posiciones forzadas durante tiempo prolongado. Hay testimonios que señalan que fueron obligados a comer excrementos y que les enterraron agujas bajo las uñas (Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2005, pp. 431- 432).
Por otro lado, en la Investigación Histórica de Detenidos-Desaparecidos de la Presidencia de la República de Uruguay (2007) el recinto militar “Regimiento de Ingenieros Ferrocarrileros de Puente Alto” es mencionado a partir del caso de un grupo de ciudadanos/as uruguayos/as detenidos/as en la comuna de San José de Maipo, quienes fueron trasladados a dicho recinto, y donde tres de ellos se consignan como desaparecidos.
Los únicos datos disponibles respecto al número de personas que estuvieron detenidas en el Regimiento Puente Alto se encuentran en lo publicado por Manuel Contreras Sepúlveda (2000) director ejecutivo de la Dirección de Inteligencia Nacional. Aquí, se menciona un total de 310 personas detenidas en “II D. E. PUENTE ALTO” entre el 11 de septiembre y el 29 de diciembre de 1973. De las 310 personas, 33 son mujeres (una de ellas de ciudadanía uruguaya) y 277 son hombres (dos ciudadanos uruguayos, un ciudadano venezolano y dos ciudadanos españoles).
Dentro de los casos judicializados de personas asesinadas y/o desaparecidas en el Ex Regimiento se reconocen: Juan Llanca Rodas (26 años), Jorge Carrión Castro (22 años), José Eusebio Rodríguez Hernández (24 años) y Jaime Jiménez Jiménez (29 años), todos puentealtinos; y tres ciudadanos uruguayos e integrantes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros: Ariel Arcos Latorre (23 años), Enrique Pagardoy (21 años) y Juan Povaschuk (24 años) (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1996; Presidencia de la República de Uruguay, 2007).
En el caso del Regimiento Puente Alto, tal como se mencionó antes, se utilizó el interior de los vagones estacionados del ferrocarril como espacio de detención. Estos pudieron ser fácilmente removidos del lugar evitando dejar evidencias de los crímenes y las vejaciones que allí ocurrieron. Esta información también está presente en los testimonios recogidos por MRPC2:
“(…) yo estuve en esas oficinas, en este lado de acá, aquí estaban los vagones. (...) Como hacia la derecha. Ahora en el vagón que yo estuve, tenía así una … no es como los vagones que son los que usan, que comienzan el ferrocarril que está en el Melocotón ahora, que están abiertas con ventanas” (Entrevistada 1, comunicación personal, septiembre 2018). “En el regimiento entramos por la puerta principal, donde estaba el arco y entramos a la oficina y de ahí nos llevaron a los carros del tren que habían estacionados, entrando al regimiento a mano derecha, cerrados enteros, las mujeres en uno y los hombres en el que seguía” (Entrevistada 2, comunicación personal, noviembre 2018).
Otro espacio de detención e interrogación ha sido identificado por sobrevivientes como “el gallinero” (Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, 2005).
Durante la década de 1990, al igual que otros centros de detención, tortura, violencia sexual y exterminio a lo largo y ancho del territorio nacional, el Regimiento Puente Alto comenzó un proceso de blanqueamiento y silenciamiento de los crímenes de lesa humanidad que habían ocurrido dentro de sus instalaciones durante el periodo dictatorial. Según menciona la revista militar Alborada, la idea era abrir el recinto militar a la comunidad generando un lazo de pertenencia con el lugar a través de actividades culturales, deportivas y de acción cívica, cuestión que, según la editorial de la revista, “(...) le ha valido el aprecio y afecto de la ciudadanía” (Ejército de Chile, 1992, p. 11).
A comienzos de los 2000, el Ejército determinó cerrar el Regimiento Militar de Puente Alto, trasladando al personal y especialidad hacia otras guarniciones fuera de la región. Lo anterior en el marco de una serie de ventas de propiedades fiscales que estaban destinadas para uso militar y que, por esos primeros años posteriores al fin de la dictadura, el Ejército estaba negociando la autorización de despojarse de ellos por medio de una vía legal e institucional con el Estado de Chile. Una serie de documentos denominados Actas de Chena dan cuenta de las reuniones sostenidas entre el Ejército y el gobierno de la época donde se establecen qué bienes inmuebles se enajenaron y en qué años, y se establece la titularidad del Ejército de Chile como vendedores y únicos beneficiarios directos de dichas ventas. Solo en el año 2002, el Ejército de Chile acordó la venta de una serie de bienes fiscales avaluada en $74.517.000.000 pesos chilenos, en dinero actual (Totoro Taulis, 2022). El mecanismo fue apenas una forma de lograr registrar institucionalmente la venta de terrenos fiscales que, antes de los años 2000, el Ejército ya estaba realizando de manera ilegal, autónoma y secreta (Totoro Taulis, 2022). Muchos de estos inmuebles habían sido identificados por el propio Estado como centros de detención o espacios de violaciones a los Derechos Humanos, en el año 1991 por medio de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, e incluso mientras se desarrollaban las negociaciones para su venta, por el informe resultante de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en el año 2005.
En el año 2004, en el documento referido como Acta de Chena N°2, fechado el 28 de septiembre y firmado por el Ministerio de Bienes Nacionales, representado por el ministro Jaime Ravinet; el Ministerio de Defensa Nacional, representado por la ministra Michelle Bachelet; y el Ejército de Chile, representado por el comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, se establece la enajenación del terreno del Regimiento Militar de Puente Alto, en conjunto con otros 14 terrenos fiscales. Este proceso concluyó en 2005 con la enajenación de los terrenos correspondientes al Ex Cuartel de Regimiento de Ingenieros Nro 2 de Puente Alto, expresados en sus lotes: B, C, D, E, F y G (Figura 3).

Una vez que el ex Regimiento Puente Alto fue loteado3, estos terrenos pasaron a manos de privados y comenzó un primer proceso de limpieza y demolición del regimiento. De esta manera, el lote B quedó comercializado en un local de comida rápida; en el lote C fue construido el supermercado San Francisco (actualmente supermercado TOTTUS) y el lote D fue ocupado por la empresa de transporte público Transantiago (actualmente RED Metropolitana de Movilidad).
Un segundo proceso de limpieza se materializó después del terremoto del 2010 en los tres lotes restantes, destruyendo la totalidad de las edificaciones que aún se mantenían en pie. Los lotes E y F son los únicos que no presentan intervenciones mayores posterior a dicha fecha. Concentraban gran parte de las estructuras mayores del regimiento, principalmente bloques administrativos, bodegas y el patio central. Producto de lo anterior y dado que el terreno se encontraba abierto, la organización Memorias en Resistencia decide hacer un registro del estado en que se encontraban los restos del regimiento en estos lotes, producto que es presentado en este trabajo.
Finalmente, el lote G se encuentra en proceso de construcción por la empresa Walmart, proyecto aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en la resolución 682/2019, de acuerdo con la ley N° 19.300. Según se consigna en el informe presentado en el estudio de prospección arqueológica, no se registró la presencia de estructuras ni restos del Regimiento en superficie, mencionando que “se informó que el terreno fue escarpado y rellenado, debido a la limpieza del basural existente anteriormente” (Padilla, 2018, p. 5). Lo anterior implica que dicho material fue destruido o cubierto con relleno de construcción previo a poder ser consignado en los estudios arqueológicos correspondientes al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Llama la atención que en el informe presentado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se haga una sucinta mención a la presencia de la maestranza del ferrocarril de Puente Alto y la existencia de un centro de detención, tortura y exterminio en el Ex-Regimiento y no se considere pertinente un estudio en profundidad de la posible existencia de restos estructurales (observables a simple vista en el terreno contiguo).
Frente a los ya mencionados procesos de silenciamiento y destrucción de este espacio surge la necesidad de realizar una caracterización del estado actual de los restos materiales del Regimiento. El objetivo es hacer frente a la idea de que no existen en la actualidad elementos materiales del recinto militar en los lotes que se encuentran sin construir, y que se trataría de sitios eriazos o basurales, como se informa en el EIA del lote G (Padilla, 2018). Ante esto, desde la asociación MRPC surge la idea de realizar un estudio arqueológico no invasivo generado por miembros de la organización con el apoyo de especialistas externos. Dicho proyecto fue elaborado y realizado durante el año 2020.
El objetivo principal del proyecto fue caracterizar el estado actual en el que se encuentran los lotes E y F pertenecientes al Ex- Regimiento Puente Alto. Para esto, se propusieron los siguientes objetivos específicos: (1) identificar las estructuras presentes en los lotes E Y F del ex-regimiento, entiéndase como las fundaciones de edificaciones, muros perimetrales y radieres existentes; (2) reconocer objetos y otras evidencias materiales presentes en los lotes E y F del ex-regimiento; (3) organizar/ sistematizar la ubicación espacial de estructuras y objetos para la construcción de plano georreferenciado; (4) evaluar el estado de conservación de los distintos elementos registrados.
Para registrar el estado actual en el que se encontraban los restos materiales del Regimiento Puente Alto, se realizó un trabajo de prospección y registro arqueológico de los lotes E y F (Figura 4) que corresponden, como se mencionó anteriormente, al sitio eriazo que pese a su demolición no ha sido mayormente intervenido y conserva a la vista parte de las fundaciones del recinto. Entre ambos suman un área de 23.068,87 m2. (Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Registro de Propiedad Fs 12203v Nº 8888 de 2006).
La metodología propuesta consiste en una prospección arqueológica intensiva entendida como un conjunto de técnicas aplicadas para optimizar las probabilidades de identificar materiales culturales de tipo arqueológico en un espacio geográfico previamente definido (Gallardo y Cornejo, 1986). A partir de lo anterior se consideraron como factores relevantes para la identificación y registro de materiales: abundancia y agrupamiento, obstrusividad, visibilidad y accesibilidad (Gallardo y Cornejo 1986).
Para lograr una mayor resolución en el estudio se implementaron transectas ubicadas cada cinco metros. El trabajo de prospección se realizó de manera diferenciada entre ambos lotes, dibujando transectas con una orientación Norte-Sur (N-S) en el caso del lote E y con orientación Este-Oeste (E-O) en el lote F. Con lo anterior se busca un muestreo más eficiente de la zona prospectada entendiendo que gran parte de las estructuras siguen dichas orientaciones.
Se consideraron los siguientes lineamientos para abarcar de mejor manera el registro material.
Todos los hallazgos realizados en terreno fueron georreferenciados, mediante el uso de GPS, y registrados mediante el uso de una ficha ad hoc y la toma de fotografías. Los elementos identificados se clasificaron según sus características en: edificaciones, muros aislados, pisos, pozos, caminos, columnas aisladas y escombros. Posteriormente, basándose en la información recopilada durante esta prospección y el registro en terreno, se realizó un cruce con el plano original del regimiento de 1973. El proceso incluyó la georreferenciación del plano y la superposición de los hallazgos utilizando el programa QGIS. Esto se llevó a cabo con el objetivo de identificar las edificaciones originales mediante los elementos registrados en la prospección, utilizando la información del plano. Para ello, se evaluó la técnica constructiva de cada edificio, así como su forma y ubicación.
Los elementos identificados y georreferenciados en la prospección (Figura 5), se clasificaron según sus características en:
A partir de la información relevada mediante la prospección y el registro en terreno, se realizó un cruce con el plano original del regimiento del año 1973, mediante una georreferenciación del mismo y la superposición de los hallazgos (usando el programa QGIS). Lo anterior permitió identificar a qué edificios habrían correspondido los elementos registrados, según la información del mismo plano (Figura 6). Además, se consideró la información contenida en el plano respecto de la técnica constructiva de cada edificio.
Se identifica su presencia parcial a partir de una correspondencia en la ubicación
donde se registró la Edificación 06 y el Piso 01. Podría tratarse de una sección del edificio, incluyendo un segmento de muro externo y posiblemente divisiones internas.
Su ubicación, forma y descripción del material constructivo coinciden con lo registrado en la Edificación 02, correspondiendo ésta a una sección parcial del edificio original. Se puede describir así la presencia de muros perimetrales anchos (40 cm) recubiertos con cal (Figura 7) y de muros internos.

Su ubicación, forma y técnica constructiva coinciden con lo registrado en la Edificación 10, correspondiendo ésta a una sección parcial de la totalidad del edificio, específicamente su parte media. Se observa la loza de cemento que habría correspondido al piso del edificio y también un muro perimetral de ladrillo en el límite sur de la edificación.
Su presencia se identifica a partir de una coincidencia en la ubicación, forma y técnica constructiva registrada en la Edificación 05. Lo registrado en terreno correspondería a la totalidad del área que habría abarcado el edificio, presentando una buena conservación, siendo visibles los radieres y pisos de cemento con restos de cerámica y columnas de hormigón armado. Además, se registró la presencia de muros de ladrillos tanto externos como de las divisiones internas del edificio (Figura 8).
Este edificio es identificado en función del registro del Muro 05 que correspondería al límite norte de la Edificación 07 que pertenecería a su segmento sur. Se registró la presencia de un radier con forma de planta rectangular y muros externos de ladrillos y hormigón armado.
Se identificó parcialmente este edificio, específicamente su sección norte siendo registrado como Edificación 04. Lo observado en el terreno corresponde a un muro perimetral de paredes gruesas de ladrillo asociado a restos de escombros, cerámicas y tejas. Se evidencia una alteración y destrucción importante del edificio y su contexto.
La presencia de este edificio, que es el de mayor tamaño en el regimiento, se identificó a partir de cuatro hallazgos correspondientes a secciones parciales del mismo. Se registraron en las edificaciones 09 y 12, muros externos de ladrillo con columnas de hormigón armado (40 cm de ancho) (Figura 9), así como segmentos de muros de divisiones internas, pisos de cemento, restos de baldosas y la presencia de un sector subterráneo. Por otra parte, se identificaron las Columnas 2 y 3 que se ubican dentro de los límites de los dormitorios-comedores. Cabe destacar que el espacio donde se encuentra este inmueble está en un sobrenivel que alcanza los 1,7 m, con evidencia de relleno y remoción de escombros (marcada por la presencia de grandes bolones), no quedando claro si este se encontraba originalmente en el sobrenivel o si es una consecuencia de la remoción de sedimentos posterior a su destrucción.

Se identifica una sección de 18 metros del muro externo original del regimiento (Muro 04). Este presenta una mala conservación producto de su ubicación sobre la vereda de Avenida Eyzaguirre y el constante paso de peatones. A pesar de esto, se describe un ancho de 45 cm y una altura máxima registrada de 20 cm. El material es ladrillo.
Se identificó una serie de edificaciones que no se encuentran descritas en el plano de 1973. Producto de esto, se asume que su construcción es posterior a esta fecha, por lo que no es posible hacer una adscripción de uso de las mismas.
Este edificio se ubica entre la enfermería y la carpintería, siendo rodeado por un piso (Piso 02) que podría corresponder a una vereda, así como por un camino que conecta la explanada con el acceso principal del regimiento. Presenta una buena conservación por lo que se pudieron identificar los cimientos y pisos de cemento, restos de muros de ladrillo tanto externos como de las divisiones internas del edificio y columnas de hormigón armado. Además, se observa la presencia de restos de cerámica, mampostería y pisos de flexit (Figura 10).

Se ubica al norte de la enfermería, entre ésta y el garaje. Se registró a partir de la presencia de un muro perimetral, que a diferencia del resto de las edificaciones registradas es de cemento y columnas de hormigón armado.
Corresponde a una loza de cemento de forma rectangular, con orientación SO-NE. Presenta una rampa hacia el sector sur y una sección sin piso y con columnas de madera.
El resto de los elementos registrados no pudo ser asociado a edificios u otros inmuebles presentes en los planos, quedando su asociación funcional como tarea pendiente.
Los restos materiales identificados en este trabajo cobran relevancia al ser entendidos como nodos convocantes de la memoria (Stern, 2013), como espacios que permiten la co- construcción y articulación de las memorias individuales y colectivas de quienes vivieron estos procesos de manera directa e indirecta, y también de las nuevas generaciones, en el presente y en un territorio particular. Los testimonios reunidos por MRPC dan cuenta de que las personas que estuvieron detenidas en el regimiento tenían conciencia de la importancia del registro material de lo que allí estaba sucediendo y lucharon contra la desaparición dejando huellas de su presencia en este lugar:
“Siempre me acuerdo que habían nombres rayados en el tren cuando llegamos, de señoras. Decía, ponte tú, “Natasha estuvo aquí”, y había otro nombre que me pareció raro y qué decía estuvo aquí. También decían fechas. Y en los de los hombres también decían que habían nombres en los carros, lo hacían con un clavito, con un fierrito (…)” (Entrevistada 2, comunicación personal, noviembre de 2018).
El caso del Regimiento Puente Alto se constituye como uno más dentro de la larga lista de centros de detención y tortura cuya historicidad fue silenciada mediante la desaparición ontológica, es decir, la destrucción material de estos dispositivos de poder y control. Bajo esta lógica la demolición del Regimiento fue una de las estrategias de desaparición principal destinada a borrar del espacio público su existencia como centro de violación a los derechos humanos, reduciéndolo a sus cimientos, a escombros, hasta figurar simplemente como un sitio baldío a la vista de la gente. En este sentido, coincidimos con lo que González Ruibal (2020) propone como una "economía de la desaparición", un deseo de orden para conseguir una identidad limpia y homogénea, donde además es necesario olvidar que se ha limpiado para mantener la conciencia en paz. En el caso del Regimiento y otros centros, es porque precisamente no se ve que no existe y gracias a eso los transeúntes pueden transitar en paz.
Posterior al fin de las dictaduras y los períodos represivos, la negación, el ocultamiento y blanqueamiento dan como resultado “escenarios elípticos”, donde “el espacio de la excepción que fue emplazado dentro del entramado urbano durante la dictadura es luego obviado en la vida cotidiana.” (Colombo, 2017, p. 141). En el caso de los centros de detención y desaparición el concepto de elipsis espacio-temporal da cuenta de que, a pesar de la pérdida, desaparición o destrucción de ciertos elementos, estos lugares siguen produciendo sentido(s), incorporando la ausencia como constitutiva, alterando y transformando el significado que inicialmente se les había dado (Colombo, 2017). Se hace necesario el reconocimiento de esta ausencia, pero también, el descubrimiento, la asimilación y la reinserción de los restos del pasado en una narración biográfica e histórica que admita la pérdida (Richard, 2017).
Abordar el estudio de la materialidad y la lógica espacial de las edificaciones o, en el caso del Regimiento, sus cimientos y remanentes constructivos, permite reconstruir microhistorias (Vilches, 2011). Dentro de esta lógica, podríamos aseverar que desmantelar, destruir, vender, lotear y abandonar el Regimiento Puente Alto es parte de la estrategia de silenciamiento de las memorias históricas en la construcción de la verdad. En esta lógica, González Ruibal (2020) plantea que, si bien en los centros de detención es muy difícil recuperar la identidad individual de las víctimas, es posible recobrar identidades colectivas mediante los objetos materiales, lo cual es el objetivo de este trabajo.
Los resultados de esta investigación permiten romper el pacto de silencio al narrar sobre la ocupación, utilización, desmantelamiento y olvido del regimiento como centro de detención, tortura y muerte. A su vez, nos hacen discutir cómo posicionamos la práctica arqueológica como una disciplina de utilidad social, más allá de una herramienta o metodología. La arqueología puede contribuir a poner en evidencia las estrategias de desaparición de la desaparición, de borrado de huellas de los crímenes ocurridos, entendiendo además que “la mera destrucción de pruebas es un elemento incriminador” (González Ruibal, 2020, p. 10). Según Marín Suárez (2014), es posible entender la arqueología como una disciplina eminentemente política, en tanto el análisis del pasado tenga un compromiso con el presente y su práctica sea transformadora en la realidad contemporánea y futura. En ese sentido, si bien la caracterización material del Regimiento Puente Alto se realizó utilizando una metodología arqueológica, su objetivo se enmarca en un meta-objetivo que es hacer frente a las lógicas y prácticas de silenciamiento, que abogan la idea de que no existen en la actualidad elementos materiales del recinto militar en los lotes que aún se encuentran sin construir, catalogándolos como sitios eriazos o basurales.
A partir de lo anterior, destacamos que la omisión de la información desde la disciplina contribuye a las prácticas de desaparición de la desaparición y al pacto de silencio de las dictaduras que ha sido reforzado por los gobiernos neoliberales contemporáneos. En este sentido, coincidimos con la crítica que realiza Marín Suarez (2014) a una arqueología con una postura pospolítica (sensu Rancière en Žižek, 2009: 55), es decir, una arqueología aparentemente neutral, con fines científicos y que no toma partido por intereses externos. En este trabajo consideramos que el no posicionamiento, es tanto o más que una postura política, es invisibilizar las memorias, anular la historia y perpetuar el silenciamiento. A pesar de que la arqueología, en tanto poseedora de una epistemología de la aparición, es capaz de investigar aquello que está oculto, su desventaja radica en la desconexión que ha tenido con las demandas sociales.
El estudio arqueológico aquí presentado permitió la identificación de los restos arquitectónicos de siete edificaciones del regimiento que estuvieron en uso mientras este espacio funcionó como centro de detención, tortura y desaparición de la dictadura cívico-militar, además, de un muro perimetral, caminos y la explanada donde se habría instalado un espacio de detención llamado “el gallinero”.
La identificación de estas edificaciones y espacios da cuenta de la existencia de restos arquitectónicos del CDTyD, aportando a la reclamación de los vecinos y las vecinas de Puente Alto, sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos por un sitio de memorias al servicio y disposición de la comunidad. Por otro lado, permite aproximarnos a entender cómo funcionó este centro represivo, cómo se organizaron los espacios de detención e interrogatorio y cómo lo anterior se conjugó con el funcionamiento del Regimiento como base militar. Por su parte, el registro de estructuras no presentes en el plano original de 1973 nos permite discutir los cambios y transformaciones del ex-Regimiento que posiblemente se realizaron y desplegaron como estrategias de ocultamiento. Estas transformaciones son propias de la desaparición sensorial, la que principalmente se identifica en los testimonios de los y las detenidas quienes advierten generalmente este tipo de modificaciones a través de los cambios en la percepción del espacio. En este sentido, el agregar también constituye una estrategia de ocultamiento.
Frente a los procesos de borramiento y desaparición de los espacios del horror estatal, la identificación y apropiación de los restos materiales del ex CDTyD Regimiento Puente Alto permiten una reaparición de estos en el escenario social. A partir de esto, la memoria colectiva encuentra un asidero físico para su activación y co-construcción. La visibilización del espacio permite su reemergencia en el paisaje urbano, dando cuenta de la desaparición, incorporando la ausencia como constitutiva, y produciendo, reproduciendo y transformando el sentido que inicialmente se le había otorgado. La actitud pasiva del Estado, en su rol de reconocer (o no) la calidad de sitio de memoria del inmueble, contrasta con la reivindicación de los vecinos y las vecinas de Puente Alto que buscan reinsertar en la narración biográfica e histórica de la comuna un relato que admita y reconozca la pérdida, la ausencia, la desaparición y sea capaz de construir a su alrededor visiones transformadoras del mundo y la realidad social, como forma de reparación ante los horrores vividos y los intentos por destruir el tejido social.
El trabajo realizado en el Regimiento cobra relevancia, más allá de la pertinencia de realizar estudios arqueológicos, en la integración de diversas disciplinas que aúnan espacios extra-académicos. En este sentido, abogamos por el objetivo de organizaciones como la asociación Memorias en Resistencia Provincia Cordillera (MRPC) conformada bajo la misión de trabajar en la recuperación de las memorias históricas de la provincia con el objetivo de la reconstrucción de historias que no fueron narradas. La asociación posee un carácter divulgativo, pero por sobre todo político. En esta misión, la arqueología proporciona el encuentro entre la memoria y la historia material, un pasado que se puede narrar, pero también sentir y tocar.
1. Informe Policial N° 537 del 5 de noviembre de 2004, en Causa Rol 126.461. Fojas. 5050.
2. Las identidades de las personas entrevistadas fueron protegidas por petición de estas.
3. Resolución N° 13/2004. Dirección de Obras Municipales, Municipalidad de Puente Alto.
Agradecemos a la Asociación Memorias en Resistencia por la invitación a contribuir en el trabajo que realizan y los antecedentes brindados. A Gerardo Montero y Javiera Pérez por colaborar con antecedentes levantados para la organización y a Kamilo Díaz por el apoyo logístico en terreno. A los arqueólogos Nicolas Fierro y Felipe Carvajal por su trabajo en el levantamiento de datos en terreno y a quienes valientemente brindaron su testimonio y respondieron nuestras preguntas.
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